Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían ayer a Irene Sabalete, ex directora provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y exdelegada de Empleo en Jaén, dentro de la operación, denominada "Barrado". La operación se realizó, por orden de la juez Mercedes Alaya, en las ocho provincias andaluzas por la gestión de los cursos de formación, y en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Sabalete, que se presentaba en las elecciones autonómicas del pasado domingo en el número nueve de la lista del PSOE de Jaén, fue también delegada de Empleo hasta 2012 y delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente hasta 2014.

La operación comenzaba a primeras horas de la mañana de ayer, cuando la Guardia Civil procedía de forma paralela en todas las provincias andaluzas a la detención de 16 personas vinculadas con la gestión de los fondos de formación y a la entrada y registro de dos domicilios, todo ello, en el marco de las diligencias del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. En concreto se detuvieron a tres personas en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Cádiz, tres detenciones y dos registros, en el consorcio CIOMIJAS de Málaga, una detención en Granada, dos en Huelva y otras dos en Almería, además de la detención de Jaén.

Siete de los detenidos desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las provincias andaluzas, y cuatro estuvieron al frente de direcciones generales en el mismo SAE. También se detuvo a los ex directores gerentes de los consorcios FORMADES y  Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), y a la presidenta de la UTE de CIOMIJAS.

Otra línea de investigación relacionada con los cursos de formaciones la que realiza la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La llamada operación Edu Centro se saldó en Jaén con la detención de 38 personas hace apenas dos semanas.

Ante el juez

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ponían a las 20,00 horas de ayer a disposición de la juez Mercedes Alaya a la exdelegada provincial de Empleo en Jaén Irene Sabalete.

Ella fue la primera de las 16 personas detenidas en el marco de la operación 'Barrado', que llegó a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla a bordo de un turismo y custodiada por varios agentes de la Guardia Civil, para prestar declaración ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla.

También estaba previsto que pasase a disposición judicial ayer la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, a quien la Benemérita imputa dos delitos.

La Junta cesa a los delegados de Empleo en Huelva y Sevilla

Por otro lado, la Junta de Andalucía decidía ayer cesar a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación, aunque según quería dejar claro el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, se les considera personas honestas e íntegras, por lo que pedía respeto a su presunción de inocencia.

En el mismo sentido se manifestaba la presidenta en funciones del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que a preguntas de los periodistas aseguraba  que para ella lo primero es la tranquilidad y la confianza de los andaluces en sus instituciones. Y que "desde el respeto a la presunción de inocencia, evidentemente, cuando un responsable público es detenido tiene que ser destituido del puesto que tuviera en ese momento de responsabilidad".

Sobre la creación de un futura comisión de investigación sobre los cursos de formación una vez constituido el nuevo Parlamento, algo que han demandado varios partidos, el portavoz dijo que el asunto está en el ámbito judicial, en el que la Junta está colaborando, además de personada en la causa. En cualquier caso, apeló a la autonomía de las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento para tomar sus propias decisiones o reivindicaciones.

Las investigaciones se encuentran bajo secreto parcial tras un auto dictado el 20 de enero por la juez Alaya ante   la gravedad de los hechos y tras detectar distintas bolsas de fraude que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

El secreto afecta a la investigación sobre la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración.