El sector de la judicatura ya manifestó hace semanas que la propuesta de convertir Palmas Altas, actual sede de Abengoa, en la Ciudad de la Justicia que Sevilla espera desde hace ya varias décadas tiene un escollo que salvar. Ese escollo, no menor, se llama movilidad, o dicho en otras palabras, transporte público.
Este lunes se ha constituido el grupo de trabajo entre las administraciones (Junta y Ayuntamiento) y los principales y más representativos organismos de la judicatura. Una reunión en la que el director general de Infraestructuras judiciales y sistemas, Miguel Ángel Reyes, ha confirmado que será la Junta de Andalucía la que asuma en primera persona el plan de movilidad con el que garantizar el acceso a la Ciudad de la Justicia.
Una parte de los 100.000 euros consignados en los presupuestos de 2019 para la Ciudad de la Justicia irán destinados a la realización de un primer estudio técnico, extremo que, en palabras del propio director general ,"va a requerir de un esfuerzo no solo técnico, sino también económico".
Según la Consejería, la reunión celebrada esta mañana no tiene otro sentido que "reafirmar el compromiso con el proyecto y poner definitivamente en marcha el traslado".
En cuanto a fechas concretas, Miguel Ángel Reyes ha declarado que esperan seguir manteniendo el plazo de cuatro años para finalizar el traslado, aunque ha remarcado la necesidad de ser "realistas" y la dificultad de involucrar a tres administraciones en un proyecto de esta envergadura.
Tras el verano, se celebrarán tres reuniones más con el objetivo de concretar exactamente qué pasará a formar parte de la nueva Ciudad de la Justicia. El colectivo judicial tiene que determinar si quiere trasladar allí también la Audiencia y los servicios del edificio del Prado de San Sebastián
