En sentencia emitida este 29 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falla a favor de CGT y permite la marcha por el Puente de la Pepa (de la Constitución) desde Airbus el próximo 1 de mayo. “Es una sentencia histórica que abre el puente nuevo para la movilización”, señala dicho sindicato.
La marcha que comenzará a las 10:30 horas el próximo 1 de mayo en las puertas de la factoría de Airbus en Puerto Real pasará por Alestis, Dragados y los Astilleros de Cádiz para finalizar en la Subdelegación del Gobierno. Será encabezada por la asamblea de trabajadores/as de Airbus y empresas auxiliares contra el cierre de la mencionada planta que están realizando una acampada indefinida en las puertas de la factoría y que ya va por su octavo día y también por el resto de trabajadores/as del metal y del resto de sectores, sobre todo lo/as más precarios/as.
Para CGT, “la lucha contra el cierre de Airbus Puerto Real es la mejor forma de conmemorar la fecha del 1 de mayo símbolo de la lucha por los derechos de los y las trabajadores/as. A día de hoy no está garantizada la continuidad de la planta de Puerto Real, el mantenimiento de las movilizaciones es fundamental para conseguir que el futuro de Airbus Puerto Real sea un hecho. La ausencia de movilizaciones solo pone las cosas más fáciles a los que quieren cerrar la planta”.
Por lo tanto, “el poder realizar la marcha por el puente nuevo es una pequeña victoria frente a la estrategia criminalizadora de la Subdelegación del Gobierno hacia las movilizaciones contra el cierre de Airbus, ya que pone de manifiesto la arbitrariedad de la Subdelegación que intenta impedir las legítimas protestas de los y las trabajadores/as”.
CGT recuerda que “no es la única actuación en ese sentido, por lo que exigimos el cese inmediato del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco”, y es que “previamente la Policía Nacional (con participación, incluso, de la policía secreta y con “órdenes de arriba”) impidió a un autobús, que llevaba a sindicalistas de Airbus Puerto Real, desplazarse hasta Getafe para explicar la situación de la planta, en un acto sindical, organizado con motivo de la inauguración de nuevas instalaciones de la empresa”. Dicho desplazamiento estaba perfectamente “amparado legalmente” puesto que se “trataba de un acto sindical y llevaban un salvoconducto del mismo, emitido por la Federación Estatal de Sindicatos del Metal de CGT”. En el mismo sentido, exigen “la retirada de los cargos a los cuatros compañeros/as imputados acusados injustamente de desórdenes públicos con el único fin de amedrentar las protestas contra el intento de cierre de la planta”.
El sindicato explica que “esta marcha busca poner de manifiesto lo que supone la planta de Airbus Puerto Real para el empleo industrial de la Bahía de Cádiz. No solo por los centenares de puestos de trabajo directos que se perderían (en Airbus y en las empresas auxiliares) y todos los indirectos asociados, sino por lo que supone de modelo productivo para la Bahía de Cádiz”. El cierre de una planta “clave, de un sector histórico industrial en la Bahía, como es el aerospacial, es una prueba evidente del papel que tienen reservado a Cádiz: cierre de la industria y especialización en un turismo basado en el empleo basura precario. Modelo de precariedad laboral con una única alternativa: el exilio”.
Por ello CGT se suma a esta marcha y anima “al resto de organizaciones sindicales y sociales y a la ciudadanía en general a hacer lo mismo”. Se trata de “una movilización para luchar por un empleo industrial sostenible en la Bahía de Cádiz, lo que implica plantear un nuevo modelo productivo y un modelo laboral digno y no precario. Se trata de luchar contra la precariedad laboral que afecta a todos los sectores: del metal a la hostelería, incluido el propio sector público para el que también se exige estabilidad y que ha convocado una huelga el próximo 28 de mayo bajo el lema ‘quienes están se quedan’”.
En este primero de mayo exigirán también que “se reparta el trabajo y la riqueza y que se garanticen los derechos: al trabajo digno; a una jornada laboral que posibilite conciliar el trabajo con la vida; a un salario y prestaciones sociales suficientes, bien cuando se tiene empleo y también cuando no se tiene, mediante una Renta Básica de las Iguales; a pensiones adecuadas para vivir con dignidad, para luchar contra las reformas laborales, los desahucios o las leyes mordaza”.
Para la CGT “el empobrecimiento material de millones de trabajadores y trabajadoras, a través de mecanismos como el recorte masivo de las rentas salariales, está generando una de las sociedades más desiguales del mundo. Según datos del Banco de España, el 25 por ciento de la población del estado español vivía ya en riesgo de pobreza o exclusión social antes de la pandemia. La situación cuando esta termine puede ser catastrófica. Esto supone que 4,5 millones de hogares no pueden hacer frente a necesidades tan básicas como pagar un alquiler o una hipoteca, mantener calientes sus casas o sencillamente comer todos los días”.
