El Ayuntamiento necesita dinero para entorpecer el tráfico y echar la culpa a los conductores, con un tranvía cuya nula utilidad y única justificación posible es ahorrarle al gobierno el costo de continuar el metro hasta la terminación de las cuatro líneas, las que se puedan plantear y los enlaces entre unas y otras. Pero Sevilla no es la capital del reino, “la capi” así llamada por los capitalinos, y lo del metro es una quimera, una utopía y están dispuestos a que lo siga siendo, tan dispuestos como están a destrozar las avenidas San Francisco Javier y Luis de Morales, no importa saber que nadie va a dejar el coche en su casa por dos razones, sobre todo: el recorrido de la mayoría supera con mucho el camino del tranvía. Y no compensa dejar el coche para hacer una parte del trayecto precisado en el vehículo más lento que circular pueda por Sevilla. Y como Sevilla “no tiene necesidades”, hay que enterrar el dinero bajo los raíles. Toda una lección de desastrosa administración.
Por eso también el Ayuntamiento necesita dinero. Una forma de obtenerlo es el aparcamiento rotatorio pretextado con unos cuantos puestos de trabajo inestables más rotatorios que los estacionamientos excepto para los directivos. El caso es que las multas de la O.R.A. en mala hora era pagada por alguien, primero porque no eran legales, cuando se forzó su legalización para no tener que reñir ni disminuir el cálculo de ingresos de los ayuntamientos, quizá porque se habían acostumbrado a no pagarlas. Al legalizarlo (sólo pueden jugar con la ley quienes legislan) se les dio acceso a la opción de embargar salarios y cuentas corrientes. Y el de Sevilla, cumplidor tan sólo en la voracidad, se ha lanzado a la caza de pretendidas deudas por lo que no es más que un impuesto duplicado, la O.R.A., que no presta ningún servicio.
Pero no sólo hay que cobrarlo. Hay que llenar las arcas por encima de legalidad y de lógica. La Ley establece no embargable un salario, o una cuenta mantenida con ese ingreso, si no supera el escuchimizado salario mínimo, de lo que la mayoría de las pensiones quedan lejos. Pero no importa: el Ayuntamiento no aplica el baremo con la lógica de un ingreso anual dividido entre doce meses. Para salir ganando en los diez meses sin extra espera al recurso, consciente de que no todos pueden recurrir y directamente ejecuta en los de paga extra sin importarle la minoración anual, que aunque haya dos meses de ingreso superior, el baremo se hace por la media. La diferencia a su favor es que un salario de 780 euros, al sacar la media alcanza los 910, cifra aún muy por debajo del mínimo embargable. Pero el listo Ayuntamiento y el ínclito funcionario no sienten escrúpulos al quitarle una parte de su ya de por sí ínfimo ingreso, y, si no puede o no sabe recurrir, peor para el sufridor. O “que estudie Ciencias Económicas”. Simplemente lamentable. Una cosa es el deber de pagar impuestos. Otra muy distinta su justeza o injusticia. Porque la Justicia, con mayúsculas también requiere oponerse a lo injusto, incluso forzando la derogación y cambio de leyes abusivas. Si nos libramos del franquismo, toca combatir toda injusticia. ¿O no llegamos a librarnos?
