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El pleno de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir debate este viernes el trámite de disolución

La medida permitirá abordar el despido colectivo de los trabajadores que aún pertenecen a la entidad, y a los que se les adeuda su nómina desde octubre de 2011

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La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla, celebra este viernes un pleno en cuyo orden del día figura, como punto sexto, el inicio del trámite correspondiente a la disolución de la institución. La comisión de gobierno de la mancomunidad, previamente, había acordado suspender todos los programas de formación o desarrollo aún vivos y reclamar que este organismo cuente con un secretario y un interventor plenamente habilitados en el periodo que resta hasta su extinción. María José Fernández, alcaldesa de Lebrija y presidenta de la institución, había señalado ya a Europa Press que estas decisiones se enmarcan en el proceso de disolución de la mancomunidad.

   En el punto séptimo del orden del día, según ha informado a Europa Press el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU-IP), figura la toma en conocimiento de los acuerdos adoptados por los plenos de los ayuntamientos de Utrera y Los Palacios para abandonar la institución.

   Esta mancomunidad de municipios, sumida en un grave colapso económico, había acordado ya en una de sus comisiones de gobierno emprender el camino hacia la disolución, toda vez que de ella dependen toda una serie de organismos o sociedades satélite, como es el caso de la sociedad instrumental 'Gesalquivir', la planta de reciclaje instalada en Utrera, así como de su vaso de vertidos, o el instituto de Enseñanza Secundaria (IES) José Cabrera, ubicado Trebujena (Cádiz).
EL DESMANTELAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD

   Ya el pasado mes de octubre, la institución dejó de abonar las nóminas de los aproximadamente 400 empleados pertenecientes a ella o sus organismos periféricos, toda vez que la mancomunidad promueve un expediente de regulación de empleo (ERE) para 'Gesalquivir' y un expediente de regulación de empleo temporal para la planta de reciclaje y ha transferido el mencionado instituto. Sólo a finales de 2011, la institución arrastraba una deuda global de más de 1,7 millones de euros con el conjunto de trabajadores, reducido recientemente a sólo 143 como consecuencia del progresivo desmantelamiento del organismo.

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