El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, ha alertado de la “gravedad” que supone el proyecto de almacenamiento de gas natural al que se ha autorizado en el Parque Natural de Doñana a la compañía Gas Natural Fenosa. Macías ha reclamado “una fuerte contestación social” de rechazo por el fuerte impacto que puede suponer al medio ambiente y a la economía de los territorios colindantes. Insta a una gran movilización social porque en este asunto se mezclan muchos intereses, “el interés de grandes empresas que quieren gratuitamente la cesión del subsuelo de Doñana para convertirlo en una bomba de relojería llena de gas”.
Acompañado de la portavoz municipal de Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez y de la teniente de Alcalde de Trebujena, Ana Luisa Robredo, Macías ha presentado la campaña `Doñana no se Toca´ que la formación política ha puesto en marcha con carácter andaluz, “aunque en esta provincia, por la cercanía geográfica, vivimos de manera más sensible”. De ahí que la provincia vaya a tener una presencia “muy significativa” en la manifestación convocada por IU para el próximo sábado en El Rocío, con la habilitación de varios autobuses.
El dirigente provincial de IU ha recordado que “ya llevan tiempo extrayendo gas de Doñana, pero esta nueva etapa de almacenamiento de gas en grandes depósitos subterráneos precisa de una gran movilización”. Para Macías, “se trata de una lucha global, y no sólo de las tres provincias a las que afecta; hablamos de un Parque Nacional de una gran envergadura, “una referencia en cuanto a espacio medioambiental, de migración de las aves y en el que se están logrando muchos intentos de desarrollo sostenible en el campo del turismo, construcción y el empleo”. A su juicio, “es necesario compatibilizar el desarrollo de la zona protegida con los recursos endógenos y con la actividad económica, fundamentalmente agrícola”, pero alerta de que proyectos de este tipo ponen en riesgo el futuro de la economía de los territorios colindantes.
Macías recordó que precisamente la fuerte contestación social logró paralizar el proyecto de carretera entre las provincias de Cádiz y Huelva por diseñar un trazado “poco aceptable medioambientalmente”. Y aludió a la responsabilidad del Gobierno de la nación y de la Junta de Andalucía, que “desde un principio no han sido conscientes de la importancia de las concesiones que se iban dando”. Una “bomba de relojería –según insistió- que se va a llevar a cabo si la movilización no lo impide y que hará posible que se coloque un enorme depósito de gas en el subsuelo de Doñana, sin tener además, estudios sobre la gravedad que puede conllevar de cara en cuanto a movimientos sísmicos”. Citó Macías el proyecto de almacenamiento de gas de El Castor, frente a las costas de Castellón y Tarragona, paralizado tras provocar en torno a 500 microseísmos en la zona.
Lamentó el coordinador que, al igual que ocurre con el fracking, el asunto de los posibles movimientos sísmicos no se aborda, “se trata de un debate soterrado, porque no quieren que la población lo conozca”. Dejó patente la oposición sin fisuras de IU al proyecto y apuntó que “quienes tienen que hablar aquí son los agricultores, los ganaderos y los trabajadores que viven en la zona”. Aludió además, a “la posible contaminación del acuífero 27, que es el que nutre la ganadería y la economía sostenible” y alertó de cómo pueden verse afectados sectores como los riacheros, ganaderos y agricultores. Negó asimismo que el proyecto vaya a suponer la creación de empleo y aseguró que “lo que de verdad crea empleo es la economía social y sostenible, la agricultura, la ganadería y el turismo en la zona de Doñana”.
Entre las actuaciones previstas, el coordinador provincial informó de que la formación política ha pedido la paralización cautelar del proyecto ante los efectos que podría conllevar y anunció que IU va a solicitar al Tribunal Constitucional de Conflictos de Competencia que aclare “cuáles son las decisiones que tienen que adoptar el Gobierno central y cuáles la Junta de Andalucía” respecto a las autorizaciones en Doñana. De manera paralela, IU presentó en Diputación una moción de rechazo al proyecto, en la que además se declaró al ex ministro José Manuel Soria persona non grata en la provincia por haber autorizado los últimos permisos, así como mociones en los ayuntamientos.
Por su parte, la portavoz municipal de IU en Sanlúcar, Carmen Álvarez, abundó en el paisaje singular del entorno de Sanlúcar, con la zona de marismas y numerosas especies protegidas y recordó la cercanía que mantiene el municipio con todo lo relacionado con Doñana, de ahí el temor ante posibles movimientos sísmicos o contaminación de acuíferos. Álvarez consideró que aquí “no sólo es responsable Gas Natural Fenosa sino todos esos políticos que permiten la entrada de multinacionales que vienen a expoliar nuestro patrimonio”.
