El sindicato CSIF ha asegurado este viernes que la "total falta de garantías" de los traslados a Palmas Altas, donde se ubicará la Ciudad de la Justicia, "agravará aún más" el colapso del sistema judicial.

Así lo expresa en una nota de prensa en la que destaca que "a cuatro meses del primer traslado --en el marco de un proceso en diferido, durante cinco años, en el mejor de los casos--", Sevilla tendrá que afrontar una "situación de caos y dispersión judicial" que "nada tiene que ver con una verdadera Ciudad de la Justicia".

Los traslados de expedientes y documentos y la propia seguridad del recinto son algunas de las cuestiones que, según el responsable del sector Justicia de CSIF Sevilla, Miguel Millán, "no han sido abordadas en la reunión inicial de constitución del grupo de trabajo" encargado de regular "la nueva ordenación de órganos judiciales", con la correspondiente "incertidumbre" entre los profesionales de la Justicia en Sevilla.

"El primer traslado llegará pocos meses después de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ya ha supuesto 27.000 juicios suspendidos y 600.000 comunicaciones pendientes en toda Andalucía, con casos como despidos o violencia de género con juicios fijados para dentro de varios años". En este sentido, "se están señalando juicios para 2025 y 2026", ha explicado Millán.

"Ponen como ejemplo las ciudades de la justicia de Málaga y Córdoba, pero en ambos casos, los traslados se realizaron a unos edificios que se construyeron al efecto y se produjo en la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, más allá de alguna excepción, pero en el transcurso de poco tiempo estaban allí todos los órganos", recuerda el dirigente sindical.

Asimismo, desde CSIF se subraya, además, los "graves problemas de movilidad" que va a suponer llegar hasta allí, "no solo a los trabajadores de todos los estamentos judiciales, sino a la propia ciudadanía, ya que no se cuentan con los viales suficientes, ni con un transporte público accesible".

"Es verdad que lo que se pretende es evitar el gasto de arrendamientos, y Palmas Altas ya es propiedad de la Junta, pero no es menos cierto que el traslado, tal como está planteado va a suponer muchísimos más perjuicios que beneficios. Un traslado en diferido que va a durar al menos cinco años, no es un traslado digno de una ciudad como Sevilla", conluye Millán.