La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado a los colegios profesionales de abogados y procuradores 1.804.286,08 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Sevilla durante el tercer trimestre. El abono se ha realizado en menos de quince días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta, trámite para el que los colegios han contado con el mes de octubre.

En concreto, a los procuradores les corresponden 133.528,29 euros por los servicios del turno de oficio entre abril y junio, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales. En el caso de los abogados, la cuantía asciende a 1.670.757,79: 1.018.408 euros por las asistencias prestadas en el turno de oficio y 652.349 por las guardias, según las cifras facilitadas por la Junta en una nota de prensa.

Las retribuciones por las guardias se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas, aprobada el año pasado y aplicada desde enero. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados, especialmente para el turno de violencia de género.

Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientras se elaboraba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto, acordado con los colegios profesionales, ya ha sido aprobado y entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

El delegado territorial de Justicia, Javier Millán, ha destacado el "esfuerzo de la Consejería por incrementar las compensaciones a los profesionales, algo que era de justicia, y por agilizar el pago". Millán ha destacado que los abogados y procuradores que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita "hacen una labor social fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos".

Ha recordado que la pasada legislatura, la Consejería cambió la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.

Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, "que son la mayoría", y en un segundo plazo las pocas que tienen que corregir algo en la documentación. Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes).