El sindicato CSIF ha interpuesto una querella contra el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y otros tres altos cargos por impedir el ejercicio de derechos civiles, coacciones, desobediencia, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores.

En un comunicado, la CSIF afirma que "desde hace tiempo, de forma reiterada, se está impidiendo a nuestros delegados sindicales el ejercicio de sus derechos", lo que ha dado lugar a varios pronunciamientos de los juzgados, que han condenado a la Diputación a "cesar inmediatamente en la conducta antisindical" y a aportar la documentación pedida por el sindicato.

Añade que "es tan clara la actitud antisindical que incluso los jueces obligan al citado organismo, de forma reiterada, a indemnizarnos económicamente".

Los demás cargos contra los que dirige la querella son Juan Francisco González Alfonso, gerente del Servicio de Administración y Recursos Humanos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), José Suárez Harana, jefe del OPAEF, y Víctor García Rodríguez, adjunto al gerente del OPAEF.

La CSIF les acusa de incumplir sentencias para entregar documentación, negarse a reconocer a su delegado de prevención de riegos laborales, amenazar con no hacer más contracciones, vulneración del derecho a la negociación colectiva y de modificar el convenio colectivo para privar a la CSIF de sus derechos sindicales.