a Fiscalía de Sevilla considera que el presunto intento de cohecho en Mercasevilla “es un claro intento de corrupción” cometido por “cuatro funcionarios públicos que, a costa de sus cargos, quisieron hacerse ricos, al menos ellos, aunque no sabemos cómo se lo iban a repartir”, solicitando supuestamente una comisión ilícita que el fiscal ha cifrado en 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la Escuela de Hostelería del Merca, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta de Andalucía.
En su informe final ante el jurado que enjuicia el caso, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha afirmado que la comisión comenzó a gestarse en diciembre del 2008 cuando la futura Escuela de Hostelería obtuvo una subvención de 900.000 euros de la Junta.
Los cuatro acusados -el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria Regla Pereira- llevaron a cabo “un claro intento de hacerse ricos” a costa de los empresarios extorsionados y aprovechando su cargo público, en un proceso del que ha lamentado que “no sepamos más”.
“Estos cuatro señores iban a trincar, a robar a los empresarios, y eso no lo podemos permitir”, ha sostenido el fiscal Juan Enrique Egocheaga, porque “es esa corrupción la que ahora se intenta combatir y para lo que se pide una respuesta de la sociedad”.
El fiscal ha pedido, por tanto, 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa para los procesados, pena que la acusación particular del PP ha situado en 1.350.000 euros de multa y tres años de inhabilitación y frente a las cuales los abogados defensores han solicitado la absolución.
El informe del fiscal ha empezado explicando que tribunales superiores han dejado ya establecido que los acusados eran funcionarios públicos -y por lo tanto cometieron un presunto cohecho- y que la grabación de la conversación en la que tres de ellos pidieron la comisión fue obtenida de manera lícita.
Nada más conseguir la subvención de 900.000 euros, los cuatro acusados “se concertaron para obtener una mordida, un beneficio ilícito a costa de los empresarios” del Grupo La Raza, según el fiscal. Ha considerado además que los documentos internos de Mercasevilla aportados a la causa en las últimas jornadas del juicio demuestran “una mayor participación de Rivas en las conversaciones previas” y “lo acercan” al momento de concesión de la subvención, frente a su “interés por alejarse”.
Ante la insinuación de las defensas de que los empresarios dieron la impresión de estar dispuestos a pagar, Egocheaga ha pedido al jurado que tenga una visión de conjunto de la grabación de más de una hora, de la que se desprende su “sensación de que les querían robar y de que no tenían duda de lo que les estaban pidiendo”.
Benemérita y Policía no coinciden
Los peritos de la Guardia Civil que analizaron la grabación del presunto intento de cohecho han ratificado que la cinta superaba los estándares de calidad establecidos y no estaba manipulada ni había sufrido “cortes” o “inserciones”, mientras que la perito de la Policía Nacional, que analizó la grabación con anterioridad, también ha confirmado su informe, en el que señala que la calidad de la grabación es “deficiente” y que no pudo realizar el informe pericial, al estar “distorsionada” y tener “solapamientos”.
