El Grupo popular de la Diputación de Sevilla ha advertido este jueves de que el Gobierno socialista de la institución ha decidido formalizar "el certificado de muerte" del proyecto promovido junto a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), para los desarrollos urbanísticos asociados a los suelos de Cortijo de Cuarto, destinados a albergar 5.551 viviendas, la mitad de ellas con algún grado de protección. Los populares avisan de que el Gobierno provincial ha elevado al pleno de la institución la resolución del convenio firmado a tal efecto en 2006 entre la Diputación y EPSA, extremo que incluye la entrega de 12.089.219 euros a EPSA por diferentes aspectos.
En rueda de prensa, los diputados provinciales del PP Virginia Pérez y José Leocadio Ortega han recordado que es necesario remontarse a 1998 para localizar los orígenes de este proyecto estrella de la Diputación provincial de Sevilla que, casi 15 años después, no se ha materializado. "Es la historia interminable", han enfatizado los diputados populares. Así, han rememorado que con motivo de este proyecto, que incluía además diversos equipamientos públicos, en 2005 fue creada en el seno de la institución supramunicipal la sociedad mixta instrumental Gestión Inmobiliaria Provincial S.A. (Gipsa), toda vez que en 2006 la Diputación y la Administración autonómica rubricaron un acuerdo de colaboración destinado a la promoción de estos desarrollos urbanísticos.
EL DINERO ANTICIPADO POR LA JUNTA
No obstante, en 2008 Gipsa fue extinguida para ser fusionada con la sociedad instrumental 'Sevilla Activa', cuyo capital ostenta también en solitario la Diputación provincial, y en 2009 la institución supramunicipal decidió utilizar "nueve millones de euros" anticipados por la Administración autonómica, merced al citado convenio de 2006, para la adquisición de parcelas y franjas de terreno en diversos municipios. Las hemerotecas reflejan, en este sentido, que en 2009 la propia Diputación provincial anunciaba que, efectivamente, destinaría al menos siete millones de euros procedentes de la operación de Cortijo de Cuarto para adquirir suelos en diversos municipios y ponerlos a disposición del tejido productivo.
Lo cierto es que ya en estos momentos finales de 2012, las viviendas y equipamientos públicos anunciados para los suelos de Cortijo de Cuarto, al sur del término municipal de Sevilla, no son una realidad y el propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), manifestaba el pasado verano a Europa Press que estos desarrollos urbanísticos quedaban paralizados "a la espera de que lleguen tiempos mejores", en referencia al crudo escenario que atraviesan las administraciones públicas.
RESOLVER EL CONVENIO DE 2006
En ese sentido, Virginia Pérez y José Leocadio Ortega han avisado este jueves, en rueda de prensa, de que el Gobierno socialista de la Diputación provincial ha elevado al pleno ordinario previsto para este mismo viernes, la resolución del convenio firmado en 2006 entre la institución provincial y la Administración autonómica para desarrollar los suelos de Cortijo de Cuarto. "Es el certificado de defunción de Cortijo de Cuarto", han advertido los diputados populares, quienes además, alertan de que la resolución del convenio implica la entrega de 12.089.219 euros a EPSA, en concreto nueve millones de euros por la partida anticipada tras la firma del convenio, 1,44 millones de euros en concepto de IVA, 783.817 euros por "costes directos" relativos a la urbanización de los suelos y 865.402,9 euros en concepto de "lucro cesante".
Dado el caso, los diputados populares reclamarán que este punto del orden del día sea directamente "retirado", alertando de que para la Diputación constituye "una pérdida de liquidez inmediata" entregar más de 12 millones de euros a EPSA y, a largo plazo, el "daño económico" implícito en la renuncia al acuerdo y la entrega de este dinero a EPSA se eleva a aproximadamente "60 millones de euros" si se tienen en cuenta aspectos como las inversiones privadas previas al acuerdo con la Administración autonómica o el propio "lucro cesante" de la Diputación.
HAY QUE RENEGOCIAR
Los diputados populares, así, han criticado que la Diputación provincial emplease para otros fines los nueve millones de euros anticipados por EPSA para este macro proyecto y han reclamado que tanto la institución provincial, como la Administración autonómica, reconsideren su decisión de resolver el convenio de 2006 y "renegocien" el futuro de los suelos de Cortijo de Cuarto.
