El tiempo en: Puente Genil
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Sevilla

Aguayo dice que afirmación del PP es estrategia de difamación

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado hoy que las declaraciones de dirigentes del PP andaluz asegurando que su marido, Manuel Caramé, cobró de un ayuntamiento por trabajos no realizados, responden a una "estrategia de difamación" por parte del PP

Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado hoy que las declaraciones de dirigentes del PP andaluz asegurando que su marido, Manuel Caramé, cobró de un ayuntamiento por trabajos no realizados, responden a una "estrategia de difamación" por parte del PP.

En declaraciones a Efe, Martínez Aguayo ha manifestado que dichas declaraciones responden a una estrategia de difamación puesta en marcha por el Partido Popular, en esta ocasión contra su entorno familiar.

La coordinadora de Política Municipal del PP, Carolina González Vigo, y el alcalde de la localidad sevillana de Burguillos, Domingo Delgado, han denunciado hoy en rueda de prensa que Caramé cobró más de 40.000 euros de este ayuntamiento entre el 2004 y el 2008 por trabajos de asesoramiento urbanísticos que nunca se realizaron.

Todo ello se realizaba, según los populares, sin que exista en el Consistorio "ni un solo informe, documento o escrito firmado por Caramé" en esos casi cuatro años, del mismo modo que no existe ningún contrato, aunque sí figuran a su nombre las facturas mensuales de 909 euros en concepto de asesoramiento urbanístico para el que, según denuncian, no contaba con la titulación necesaria.

La consejera ha querido dejar claro que su marido es "asesor urbanístico autorizado" y que es "falso" que haya cobrado sin trabajar "en este o en cualquier otro ayuntamiento en el que haya realizado trabajos".

El PP ha calificado la relación entre el consistorio y el marido de la consejera como "irregular, ilegal y no acorde con las normas de contratación", y ha esgrimido para ello un informe de la intervención municipal realizado este mes de abril en el que se desgranan las limitaciones legales para este tipo de contratos.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN