El comité de empresa de 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), ha celebrado este miércoles una asamblea con los trabajadores afectados por el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve esta compañía. Los trabajadores, en este encuentro, han acordado pasar a la acción.
José Armando Rodríguez y Javier Domínguez, presidente y portavoz del comité de empresa, respectivamente, han informado a Europa Press de que después de la reunión celebrada este pasado martes con la directiva de VBR, un encuentro encuadrado en el periodo de consultas de este nuevo despido colectivo que contempla la extinción de 55 puestos de empleo, el comité ha celebrado este martes una asamblea con los trabajadores afectados por los despidos.
En tal encuentro, según han anunciado, el colectivo de afectados del ERE ha acordado pasar a la acción y ya hay sobre la mesa un "calendario provisional de movilizaciones" que, de momento, contempla como primer plato una serie de "encierros" en los ayuntamientos de los municipios del área de influencia de la base. Los encierros comenzarán en los ayuntamientos de Morón de la Frontera y Utrera, localidades "clave" porque en el primer caso es el pueblo que da nombre a la base, que no obstante se asienta en el término municipal de Arahal, y en el segundo reside la principal "colonia" de estadounidenses del entorno.
"A SEVILLA Y A MADRID"
Igualmente, los trabajadores planean otras movilizaciones. "Vamos a ir a Sevilla y a Madrid", ha enfatizado José Armando Rodríguez, quien avisa de que VBR está asistiendo a las reuniones del periodo de consultas del despido colectivo simplemente para "cumplir" con lo que la legislación laboral le exige, y no tiene otra intención que "ejecutar los despidos" une vez finalice el periodo de consultas.
Rodríguez ha manifestado que pese a su respaldo al colectivo de trabajadores, la respuesta de la Junta de Andalucía y el Gobierno central ante esta nueva tanda de despidos, la tercera desde 2010, es aún "débil". "Todo esto pasa por que la Junta y el Gobierno hagan frente a Estados Unidos", ha enfatizado reclamando que la presencia militar estadounidense en Morón se traduzca en empleo y riqueza para la población. "Hasta el agua mineral, se la traen de Lituania", ha avisado con sorna.
Esta nueva tanda de despidos, cabe recordarlo, llega mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos.
EL CONFLICTO DE LA BASE
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.
