Después de que el Parlamento Europeo haya aprobado una moción que insta a legislar en favor del derecho humano al agua y al saneamiento, y dado que en 2010 la ONU ya declaró el agua como un derecho humano, Cristina Honorato, portavoz adjunta de Participa Sevilla (Podemos) en el Ayuntamiento hispalense, avisa de que en la capital andaluza "no tenemos constancia de la existencia de un mecanismo explícito de garantía del suministro domiciliario de agua y saneamiento como un derecho humano a cumplir".
Honorado recuerda que en Sevilla, tras el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Participa para proclamar alcalde al socialista Juan Espadas, el Consistorio se comprometió a "que no se les cobrarán las nuevas contrataciones del suministro de agua, ni se les girará facturación durante un año, a las familias y personas sin recursos suficientes, lo que se acreditará por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (60 días para estudiar criterios y en seis meses inclusión en el presupuesto de 2016)".
Pero según Participa, Emasesa, la empresa metropolitana del agua, "no garantiza el suministro del agua a todas las familias sevillanas, solo se limita a fraccionar o aplazar los pagos a las personas que tienen, según los servicios sociales, esas necesidades". "El bono social, en realidad, es un préstamo a bajo interés por el cual la empresa financia facturas impagadas a familias que acrediten precariedad económica. Así no se puede garantizar un derecho humano", insistió Honorato.
En la ciudad hispalense, según Participa, se estima que existen 28.000 hogares en situación de pobreza energética e hídrica y que en 2014 se realizaron 2.200 cortes de suministros de agua. "Una situación que no puede durar ni un día más, cuando además persisten en la ciudad cortes por simples problemas administrativos", concluye Honorato, quién recuerda la importancia de que las votaciones y declaración políticas siempre se lleven a cabo y no sean un mera declaración de intenciones.
