La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha suspendido 'sine die' la declaración prevista para este jueves del jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Rafael Carretero, por presuntos delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos en relación a las irregularidades detectadas en el montaje de la Feria de Abril.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada, mediante un auto, ha suspendido igualmente las declaraciones de los otros cuatro imputados en la causa, como son los delegados de las empresas Ferrovial-Agroman en Andalucía y UTE RMD & Coyma Fiestas y los representantes legales de Alquileres Quitasol S.L. y de A.E.M. Vázquez S.L., que supuestamente ofrecieron dádivas a Carretero.
La juez, que también ha suspendido 'sine die' las declaraciones de los testigos que habían sido fijadas inicialmente --ocho de las cuales estaban previstas para este mismo lunes--, tomó está decisión tras escuchar el pasado 3 de junio al arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores que denunció los hechos y a fin de que las partes presenten las periciales y documentales que consideren oportunas.
De este modo, la única declaración que se mantiene es la prevista para este próximo jueves, como testigo, del adjunto a la Intervención municipal José Ramón Álvarez de Benito.
En su declaración, el arquitecto técnico denunciante ratificó todas las irregularidades que ya puso de manifiesto y que han derivado en esta causa judicial, rechazando haber desvelado las irregularidades detectadas por "inquina" a Rafael Carretero después de que éste le dijera que "no iba a ser su sucesor" en Fiestas Mayores, ya que no era funcionario de carrera en el Ayuntamiento, sino contratado, y por ello no podía aspirar a la Jefatura que ocupaba el imputado.
LA CAUSA
La juez abrió una investigación sobre este asunto tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Sevilla, que en su denuncia incluía que las empresas adjudicatarias prestaron servicios gratuitos a Carretero, como el pago de la manzanilla de su caseta o un coche con chófer.
Al hilo de ello, la instructora considera que, en su denuncia, la Fiscalía expone unos hechos "que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal que hace necesario que se reciba declaración" en calidad de investigado a Carretero, todo ello "al desprenderse de los términos de la denuncia indicios de presuntas irregularidades en los expedientes de contratación necesarios para el montaje de la feria".
En concreto, la juez asevera que se denuncia "una desviación en el importe de los expedientes de un 2,5 por ciento de su cuantía con relación al año 2014, importes estos que podrían extrapolarse a años anteriores al haberse repetido su contenido y forma de tramitación", de ahí que "se estime pertinente hacer ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sevilla como eventual perjudicado por la malversación de caudales públicos de acreditarse la misma".
LAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS
En este punto, argumenta que aunque los delitos citados en la denuncia de la Fiscalía "entran dentro de la competencia del tribunal del jurado, se considera necesario la incoación, en primer término, de diligencias previas para la aclaración de los extremos más esenciales sobre los hechos que se denuncian, sin perjuicio de lo que pueda resolverse a lo largo de la tramitación" de la causa.
Según añade la juez, en las irregularidades puestas de manifiesto por el arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores "se reflejan numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado", como por ejemplo "el abono de trabajos no realizados, duplicidad en el abono de una misma partida, trabajos no justificados, o trabajos realizados por operarios sin contar con la titulación precisa".
La juez señala que, en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, se pone de manifiesto además que "durante el año 2014 y anteriores", Rafael Carretero, "como contraprestación tras asumir la regularidad de las facturaciones que se le presentaban sin objetar volúmenes ni duplicidades, ni controlar la ejecución, recibía a cambio servicios gratuitos" de empresas como Ferrovial-Agroman, adjudicataria de las obras de montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares y tubulares, así como de Alquileres Quitasol, A.E.M. Vázquez y UTE RMD & Coyma Fiestas.
Asimismo, de la documentación recabada "se desprende además que el señor Carretero, jefe de la sección técnica, firmaría como jefe de los servicios técnicos, puesto inexistente en el organigrama municipal".
La magistrada opina que los hechos descritos por la Fiscalía en su denuncia "reúnen indicios" para citar a declarar como investigados al propio Carretero y a los responsables de estas cuatro empresas por un delito continuado de malversación, todo ello "sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda llegarse tras completar las investigaciones en curso, y siendo la declaración en calidad de investigados la que proporcionará a los citados la posibilidad de defenderse de las imputaciones".
"SERVICIOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE"
De igual modo, pone de manifiesto que también "concurren indicios" para imputar a Carretero un delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, en relación a su función, solicite o reciba dádiva o presente, personalmente o a través de persona interpuesta, y del artículo 423 del Código Penal respecto de los responsables de las empresas investigadas.
La juez dice que deberán practicarse "las diligencias imprescindibles para confirmar si como pone de manifiesto la denuncia de la Fiscalía el señor Carretero hubiera venido recibiendo los servicios y prestaciones en especie que se describen por parte de determinadas entidades a cambio de no actuar con el rigor preciso a la hora de verificar las certificaciones que se presentaban por las mismas empresas".
