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Sevilla

Desestimado el recurso de La Raza contra la caducidad de su cesión

El Ayuntamiento acuerda un plazo de tres meses para que el grupo hostelero desaloje las instalaciones y se las entregue al Consistorio con todos sus enseres

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  • El restaurante -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Hostelero La Raza contra la resolución que declara la caducidad de la concesión demanial, derivada de un arrendamiento de renta antigua, gracias a la cual el restaurante ha desarrollado su actividad hasta ahora en un espacio del parque de María Luisa. El Ayuntamiento ha acordado desestimar dicho recurso en base al informe emitido por el Servicio de Patrimonio. 

El expediente firmado el 1 de julio por el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Joaquín Luis Castillo Sempere, conviene, además, denegar la suspensión del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el pasado 6 de mayo, que acordaba la extinción de la concesión de la explotación del Bar La Raza por expiración del plazo concedido para ello. 

El pasado 2 de mayo expiró la última prórroga que regía sobre el contrato de arrendamiento suscrito en 1972 entre el Ayuntamiento como titular del recinto del restaurante La Raza, en una esquina del parque de María Luisa, y José Rodríguez Cala como fundador del negocio, tratándose de un contrato que había venido prorrogando anualmente.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento hispalense, igualmente, otorga un plazo de tres meses desde la receoción de la notificación del presente acuerdo para que la Comunidad de Herederos de Salud Gómez Fernández, concesionaria de la explotación de La Raza, desalojen las instalaciones que actualmente integran dicho local y proceda a su entrega al Ayuntamiento con todos sus enseres. 

El director del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda (anterior presidente de los hosteleros, señaló en su día que, en caso de no prosperar el recurso de reposición interpuesto y ahora resuelto desfavorablemente por el Ayuntamiento, el conflicto se traduciría en un litigio por la vía Contencioso Administrativa.

 

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