La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha reclamado la absolución de los dos activistas que serán juzgados este viernes en el Juzgado de lo Penal número seis, por presuntos delitos de atentado a la autoridad, desacato, lesiones y desórdenes públicos, a cuenta de los incidentes acontecido el 19 de diciembre de 2013, en el marco del intento de desahucio de una anciana de 81 años de edad que sufría alzheimer, en la barriada de El Carmen de Sevilla capital.
La APDH-A señala, en un comunicado, que la defensa de los derechos humanos "es una obligación ciudadana que exige una participación activa de denuncia, propuestas y sensibilización". "Querer criminalizar a las personas que reivindican el derecho a la vivienda no deja de ser una maniobra de distracción por parte de quiénes legislan de espalda a las necesidades básicas de las personas", avisa la organización.
Desde la APDH-A, así, entienden que el derecho al uso de una vivienda "es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento". En este sentido, "las acciones pacíficas que defienden los derechos humanos, en este caso el derecho a la vivienda, nunca deberían judicializarse".
Los encausados son Antonio Colmenar y Rafael García, toda vez que el primero de ellos ha explicado a Europa Press que por presuntos delitos de atentado a la autoridad, desacato, lesiones y desórdenes públicos, la Fiscalía pide para cada uno dos años de cárcel y "multas por estipular, que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros".
Ambos, recordémoslo, fueron detenidos por la Policía Nacional aquel 19 de diciembre de 2013, en el marco de una nutrida concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el movimiento 15M, para impedir el desahucio de una mujer de 81 años con alzheimer de su vivienda del número nueve de la calle Manzanares, en la barriada del Carmen de Sevilla capital.
DISTINTAS VERSIONES
Según informaban a Europa Press fuentes de la Policía Nacional aquella jornada, estos dos hombres fueron detenidos al impedir supuestamente la entrada de la Policía y de los agentes judiciales al inmueble, pesando en su contra supuestos "atentados" contra un policía nacional y un agente judicial que iba a notificar el desahucio".
La Plataforma de la Hipoteca, de su lado, defendía que durante la concentración celebrada a las puertas de la vivienda de la anciana, los líderes del colectivo acordaron con los agentes de la Policía Nacional la no intervención "hasta que un médico forense certificase la situación en la que esta mujer se encontraba, que era el requisitos para su ingreso en una residencia". "En un determinado momento, no se sabe muy bien por qué, (los policías) hacen una pequeña carga y entran en el bloque, pese a lo acordado, aunque no en el piso, que estaba bloqueado por dentro", detallaba el colectivo.
Antonio Colmenero, en ese sentido, ha dicho a Europa Press que su defensa aportará en la vista oral "vídeos" domésticos que prueban que por la distancia que había entre él y el agente al que presuntamente habría agredido, dicha agresión resulta "imposible". Otras imágenes, según expone, demostrarían una situación similar en el caso de la presunta agresión que su compañero Rafael habría cometido sobre el secretario de la comisión judicial. "Nos ningunearon y nos zarandearon, mientras nosotros ejercíamos la resistencia pasiva", ha defendido.
