El presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha vuelto a reclamar al gobierno central del PP que haga "un ejercicio de flexilibidad en la aplicación de la regla de gasto, porque se trata de un mecanismo que está teniendo unos efectos perversos sobre la capacidad de gasto en unas administraciones que están saneadas, como son las entidades locales, que demuestran desde 2013 con su superávit que saben hacer bien las cosas".

En esa línea, Villalobos ha desvelado en un comunicado que "los efectos de la aplicación de la regla de gasto en una entidad como la Diputación de Sevilla han hecho que, por ejemplo, hayamos perdido progresivamente 32 millones de nuestra capacidad inversora, desde que empezara a surtir efecto la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las Cuentas de 2013".

En palabras del presidente de la Diputación y responsable de la federación andaluza de municipios y provincias -FAMP-, "esa merma en la capacidad de gasto público tiene una incidencia directa en las inversiones que podemos destinar a políticas de diversa índole en todos los municipios de nuestra provincia. Es decir, son 32 millones que dejan de destinarse a políticas sociales, culturales y deportivas, a proyectos de obra que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros municipios".

"Y si esa es la cantidad que ha perdido en capacidad de gasto la Diputación de Sevilla, como botón de muestra, nos podemos hacer una idea de cómo esa regla de gasto ejerce un efecto perverso en las tesorerías de todos los ayuntamientos y corporaciones provinciales, al ir mermando sus políticas públicas que repercuten en servicios para la ciudadanía", ha remarcado el presidente.

En esa misma línea, Villalobos considera que "los indicadores económicos denotan cierto aire fresco en la recuperación, por lo que el gobierno debería relajar sus exigencias, al menos, con aquellas corporaciones que venimos cumpliendo sistemáticamente con lo que se nos pide, porque así incrementaríamos nuestras políticas públicas a favor de mejores servicios para la gente".

"O lo que es lo mismo -ha insistido Villalobos-, ser cumplidores en todos los requisitos que impone el gobierno con la Ley de Estabilidad no puede ser sinónimo de un castigo, en forma de pérdida de capacidad inversora, para las administraciones que desde 2013 vienen dando el do de pecho para cumplir los objetivos de déficit".

"A día de hoy, la aplicación de la regla de gasto tiene contestación no sólo de las entidades locales, sino también de las Comunidades Autónomas, por lo que el ejecutivo central debería reconsiderar su postura en un asunto que va en detrimento de las personas, al limitar las inversiones que las administraciones estamos obligadas a hacer para mejorar la calidad de vida de la gente", ha concluido.