El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha instado al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, a que el anunciado plan de la vivienda local se centre en zonas con ciudadanos con escaso poder adquisitivo, así como en impulsar la rehabilitación de inmuebles que se encuentran en deficiente estado debido a su antigüedad.
En una entrevista concedida a Europa Press, Rus señala que la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, ha de ir "a los sitios donde no hay poder adquisitivo, a los siete barrios de Sevilla que son la vergüenza nacional y que están entre los más pobres de España". "Ahí es donde tiene que hacer el esfuerzo la Administración pública y no en promover vivienda en el Porvenir, en Los Bermejales, en Pino Montano o Sevilla Este, sino donde se necesita de verdad", agrega.
En este sentido, señala que se ha de dejar que el empresario privado "pueda hacer vivienda protegida viable y rentable", con lo que afirma que se solucionaría el problema. "Articulemos la ley para que se pueda hacer. Con el dinero de todos es muy fácil ir a pérdidas, pero no creo que sea esa la función de una empresa municipal", advierte.
Por ello, entiende que sería "más interesante" que, en vez de que se haga vivienda protegida desde el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, éstas se centraran en la rehabilitación de aquellos inmuebles donde residen "todas esas personas mayores sin recursos que viven en situaciones ínfimas".
En su opinión, "tras diez años de crisis, no se ha cambiado nada en urbanismo, pero el urbanismo sí ha cambiado mucho, empezando porque en Sevilla existe una media de un 41 por ciento de los desarrollos de vivienda protegida, pero ésta ya no se desarrolla en ningún sitio porque ya no tiene ni ayudas, ni subvención, ni ninguna ventaja, sino solo inconvenientes burocráticos, en la gestión y en la venta".
Rus menciona que si la planificación urbanística sevillana destina un 21 por ciento de suelo para vivienda protegida "no viable", el resto del suelo iría a equipamientos dotacionales y comerciales, yendo el resto a una vivienda libre, "un 25 o 30 por ciento", que "no puede soportar toda la carga". "O cambiamos el urbanismo y somos conscientes de la realidad recabando soluciones o al final habrá una burbuja y volverán a subir los precios", concluye.
