La juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por Participa Sevilla contra el concejal responsable de Seguridad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera (PSOE), y los agentes de la Policía Local que desalojaron en junio del Consistorio a concejales de Participa e IU-CA y a los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam).
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez María José Moreno Díaz archiva la denuncia presentada por Participa "por atipicidad penal" al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal, todo ello "previo visto" de la Fiscalía "y con reserva en su caso de las acciones civiles que a los perjudicados puedan asistir".
De su lado, Participa ha recurrido la decisión de la magistrada "por falta de motivación", ya que el auto "no contiene una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha conducido al juez a la adopción del acuerdo recurrido", a lo que se suma que "no se ha llevado a cabo una investigación suficiente para esclarecer los hechos denunciados".
A su juicio, "existen importantes lagunas que conviene aclarar antes de declarar que no existe ilícito penal, debiendo practicarse las diligencias de instrucción que se entiendan necesarias y las que se solicitan de parte".
Según añade Participa en su recurso, consultado por Europa Press, "no se puede descartar que nos encontráramos ante un delito de prevaricación, otro contra los derechos individuales y dos delitos de lesiones leves".
"La decisión de proceder al archivo de las actuaciones debe ser adoptada cuando, después de una completa investigación y con conocimiento pleno de las circunstancias en que se han desarrollado los hechos denunciados, podamos llegar a la conclusión de que los hechos son atípicos, y por ello entendemos eso no se ha producido en el presente caso", argumenta el abogado Luis de los Santos.
EL PAPEL DE CABRERA
Al hilo de ello, explica que la denuncia viene motivada por la actuación de varios funcionarios policiales que "por órdenes expresas del denunciado son golpeados y denunciados de la Casa Consistorial", por lo que "existen cuanto menos indicios de que el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, dio órdenes expresas para que los funcionarios que se encontraban bajo su mando ejecutaran una serie de acciones injustas y a sabiendas de la ilegalidad de las mismas".
Participa considera que, "presuntamente, se ha impedido el ejercicio de los derechos políticos e individuales que les corresponde a los concejales de la oposición que intentaban reunirse con un colectivo crítico con la acción de gobierno del propio Ayuntamiento".
"Esta forma de actuar es inadmisible en un estado de derecho en el que el poder ejecutivo tiene las competencias suficientes para imponer sus decisiones sin necesidad de realizar actos llenos de violencia y desproporcionalidad", dice Participa, que considera que también "se impidió el derecho de reunión y de derechos fundamentales contemplados en la Constitución y en las leyes para que los concejales de la oposición no pudieran ejercer sus derechos políticos y sus funciones como tales".
Participa agrega que Cabrera "no puede alegar desconocimiento de la situación o de las personas a los que impidió este derecho", ya que "fue informado tanto por concejales como por la propia Policía", a lo que se suma que dicha orden "fue ejecutada por funcionarios de Policía Local que podrían haber al menos cuestionado la ilegalidad de la misma".
"GOLPES" A LOS CONCEJALES
Sin embargo, "no solo no lo hicieron, sino que golpearon a los concejales y técnicos allí presentes impidiéndoles el acceso a sus dependencias, y negándose a colaborar y a identificar a los funcionarios que ejercieron la violencia de manera más desproporcionada".
"Cabrera y los funcionarios de Policía que ejecutaron su orden, con completo conocimiento de la injusticia e ilegalidad de su acción y con el fin de cercenar y obstaculizar en lo posible a los grupos de oposición en el Ayuntamiento, impidió o coartó el acceso a los asuntos municipales", asevera Participa.
A su juicio, "existen serias sospechas de la perpetración de los delitos denunciados, y es por ello necesario que se practiquen las diligencias solicitadas" en la denuncia presentada el 29 de junio de 2017.
En su denuncia, Participa atribuye al concejal socialista un presunto delito de prevaricación, por "la resolución que adoptó" a la hora del desalojo, así como otro presunto delito contra los derechos cívicos, achacado además a los agentes de la Policía Local que participaron en el desalojo. Además, la denuncia atribuye "dos delitos de atentado a la autoridad" y delitos de lesiones leves a los "agentes que golpearon y vejaron a los concejales allí presentes" y a los restantes miembros de las formaciones de izquierdas.
Los hechos se encuadran en el prolongado conflicto de los trabajadores contratados intermitentemente por la empresa municipal Lipasam entre 2013 y 2016, en demanda de que se les declare como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo.
El colectivo, que celebra concentraciones diarias frente al Ayuntamiento de Sevilla desde hace meses, había accedido al interior del Ayuntamiento para reunirse con los concejales de Participa e IU-CA. No obstante, tras dichas reuniones, comenzaron un sorpresivo acto de protesta en el vestíbulo de la Casa Consistorial.
RODEADOS Y DESALOJADOS
Después de que los agentes de la Policía Local instasen a los manifestantes a deponer su actitud y no mediase acuerdo alguno entre las partes sobre cómo resolver la situación, los manifestantes y los miembros de Participa e IU-CA fueron rodeados por la Policía Local y fueron paulatinamente arrinconados hasta la puerta principal del Ayuntamiento, donde finalmente fueron expulsados del edificio, en una actuación que según denuncian estuvo marcada por la "violencia, las patadas, empujones y pisotones".
"El cordón policial se convirtió en una melé, haciendo una media luna y rodeando a trabajadores, concejales y técnicos de los grupos que se encontraban bajo su arco, y (los agentes) empezaron a empujar y arrollar hacia la puerta de salida", relata la denuncia, según la cual el desalojo incluyó "patadas, pisotones, puñetazos y golpes, de una manera totalmente desproporcionada, innecesaria e indiscriminada".
La denuncia da cuenta, en ese sentido, de los partes de lesiones y diagnósticos emitidos tras visitar la portavoz de Participa, Susana Serrano, y la diputada sevillana de Podemos Sofía González, diferentes centros sanitarios.
