La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinato por ETA en 1980, de reabrir la investigación archivada en 1983 sin identificar a los tres pistoleros que acabaron con su vida, al considerar que el "avance" en "las identificaciones de ADN" puede dar hoy resultados.
La viuda de Ustarán, Rosario Muela -natural de Sevilla, ciudad a la que volvió junto a sus cuatro hijos desde Vitoria tras el crimen- no ha parado en estos casi 38 años transcurridos desde el asesinato de su marido de intentar que la Justicia al menos haga todo lo posible por averiguar quienes lo hicieron y cuando hace un año la familia al fin tuvo acceso al sumario, no vieron "una investigación a fondo, seria y profunda", dice José Ignacio Ustarán hijo.
Muela era edil de UCD en Vitoria -tras trasladarse a Sevilla aspiró a la Alcaldía como candidata del CDS en "agradecimiento a que Adolfo Suárez se portó muy bien con nosotros", admite- mientras que su marido formaba parte de la Ejecutiva del partido en Álava, más por apoyo a su mujer ante un hermano del PNV y otro próximo a la izquierda radical con los que en las reuniones familiares "saltaban chispas", dice su hijo.
Por eso, cuando la noche del 29 de septiembre de 1980 una chica llamó a la puerta del domicilio familiar en Vitoria diciendo que traía un paquete para su marido y al abrir entraron tres pistoleros armados preguntando por él, José Ignacio -que entonces tenía 13 años- recuerda escuchar a su madre decir que la buscaban a ella.
"Yo estaba estudiando en mi cuarto y escuché voces en el despacho de mi padre, me asomé y uno de ellos me dijo apuntándome con una pistola que qué hacía y me llevó a la cocina, donde estaban mi madre y mis dos hermanas pequeñas de 6 y 9 años, porque la mayor, de 15, estaba en casa de una amiga", rememora para Efe.
La última imagen de su padre con vida fue saliendo de casa con los dos hombres y la mujer apuntándole y diciéndoles a ellos que no llamaran a la Policía hasta medianoche (cortaron los cables de teléfono de la casa), si bien fueron a buscar a su tío del PNV.
Hora y media después la Policía les comunicó que su padre había aparecido muerto con un tiro dentro de su coche, aparcado frente a la sede de UCD, aunque a José Ignacio no hizo falta que nadie se lo dijera, lo supo al escuchar "el grito de dolor de mi madre".
Aún recuerda que al día siguiente era el cumpleaños de su hermana menor y "llevó caramelos para repartirlos a sus compañeros", detalles grabados en una memoria donde, por contra, el tiempo ha "desdibujado" las caras de los asesinos pese a que con 13 años se dijo "que debía retenerlas".
En el coche aparecieron dos casquillos de bala, pese a que la víctima sólo presentaba un disparo, y sangre de otra persona, lo que hizo pensar a los investigadores que uno de los terroristas pudo herirse con un disparo rebotado, pero ni la sangre ni las huellas permitieron identificar a ninguno de los etarras fichados, donde la familia vio cientos de fotos sin poder reconocer a los autores.
Esa noche, un hombre herido entró en un bar de Vitoria a lavarse donde también se recogieron restos de sangre pero con las técnicas de entonces no eran suficientes para cotejarlos con los del coche.
Precisamente "el avance en las técnicas de investigación, especialmente en cuanto a las identificaciones de ADN", ha llevado a la Audiencia Nacional a reabrir el caso, al "pensar que actualmente puedan obtener resultados, a los que en la fecha de los hechos no se podía llegar".
La familia lo pidió el pasado abril tras conseguir, hace sólo un año y gracias dicen a la intercesión de la asociación de víctimas Covite -presidida por Consuelo Ordóñez-, acceder al sumario, que hasta entonces no habían visto pese a sus reiterados intentos.
Ha sido clave que la Fiscalía se pronunciara a favor instando a pedir a la Policía un "nuevo informe pericial acerca de las muestras de sangre intervenidas, por si fuera posible la obtención de muestras de ADN que permitieran la identificación de al menos uno de los asesinos" y de "las balas recuperadas en el lugar de autos, por si coincidieran con las de otros asesinatos cometidos con posterioridad por la banda terrorista ETA".
La Audiencia Nacional, en un auto del 14 de mayo, "considera procedente" pedir esos informes, "pues pueden contribuir a esclarecer la identidad de los autores" y evita pronunciarse "en este momento" sobre la prescripción del delito "pues antes deberán agotarse las diligencias que puedan resultar pertinentes para esclarecer la identidad" de los responsables.
"Se abre una puertecita de esperanza que supone un reconocimiento no sólo para nosotros sino para el resto de víctimas de que se pueden reabrir casos", dice José Ignacio, pues hay 350 crímenes de ETA sin resolver y "la Policía y la Guardia Civil tienen información para poder investigar casos archivados".
Ven con "indiferencia" el anuncio de disolución de ETA porque "no nos creemos nada de esta gente" y con "indignación que hablen de un conflicto entre dos partes cuando lo que había era un asesinato en el que entraban en tu casa y te pegaban dos tiros", por lo que rechazan que obtengan "cualquier beneficio".
