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Sevilla

Estafaron a una empresa 75.000 euros en pollos, quesos y jamones

La Audiencia les acusa de hacerse pasar por comerciales de una empresa ajena para estafar a otra de productos alimentarios

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  • Fachada de la Audiencia Provincial. -

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este martes la vista oral de un proceso que juzga a M.A.S.C. y a A.C.O. que están acusados de hacerse pasar como comerciales de una empresa ajena para estafar a otra empresa de productos alimentarios a quienes pidió grandes cantidades de carne de pollo, así como quesos y jamones, todo ello valorado en la cantidad de 75.000 euros, con el objetivo de revender ese género a carnicerías y supermercados de Utrera (Sevilla) por cantidades inferiores al precio del mercado. Durante sus declaraciones, M.A.S.C. ha negado todos los hechos que se le acusan mientras que A.C.O. ha indicado que actuó sin conocimiento de los hechos y como trabajador del primero.

En concreto, M.A.S.C. se ha declarado inocente de los cargos y ha señalado que desconocen todos los hechos relacionados con la causa. Así, ha señalado que sólo conoce a A.C.O. por acudir al ambigú que regenta dentro de una peña de la cual que es socio, al tiempo que ha asegurado que nunca hizo un pedido de pollos, jamón y queso a la empresa alimentaria, que no se hizo pasar por un comercial de una empresa para poder hacer los pedidos, que nunca fue a cobrar deudas generadas por la reventa del género y que nunca estuvo en la nave industrial en Los Molares donde se guardaba el género para luego revenderlo.

De otra parte, A.C.O. ha señalado que M.A.S.C. le ofreció un contrato de trabajo para que vendiera pollos, queso y jamones a carnicerías de Utrera, un género que era pedido a través de una empresa "cuya propietaria era socia de M.A.S.C.", según le dijo el otro acusado. Además, ha declarado que él se encargaba de recibir y almacenar el género en una nave industrial de Los Molares, de ofrecer la mercancía a comercios de Utrera y tramitar los encargos, así como de transportar los pedidos y cobrar, en algunas ocasiones la venta de los productos.

En esa línea, A.C.O. ha reconocido su firma en algunas facturas de los nueve pedidos a la empresa que le distribuyó el género, si bien no ha respondido a la pregunta de la Fiscalía que a veces incluyó, junto con su nombre, su número de DNI de manera incorrecta alegando "ser analfabeto" y "no entender" esos documentos.

Con todo, A.C.O. ha indicado que él era sólo "un trabajador" de M.A.S.C. quien le había prometido "un contrato de trabajo por un mes y un salario de 1.200 euros", si bien ha apuntado que ese contrato "no se formalizó" y pese a eso "no ha denunciado" este hecho a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, ha señalado, que el otro acusado era el encargado de tramitar los pedidos, que le avisaba para estar en la nave de Los Molares para descargar la mercancía, que él era el que fijaba el precio de la reventa del producto a las carnicerías y redactaba las facturas.

"PEDÍ SU NOMBRE Y SU DNI PORQUE NO ME FIABA"

De otra parte, ha declarado como testigo el responsable de Administración y Ventas de la empresa que facilitó el género, la cual está personada en la causa ejerciendo la acusación particular. En su testificación, ha señalado que le hicieron nueve pedidos de carne de pollo, jamones y quesos en nombre de una empresa de venta de productos cárnicos y embutidos. Así, pidió un informe a una compañía de seguros de crédito que les remitió que la referida empresa era solvente por lo que autorizó el envío de productos sin haber recibido "hasta el día de hoy" ningún pago por ello.

Así, ante los impagos, el responsable de esta empresa, ha señalado que llamó al teléfono del cual se había realizado los pedidos y que nunca respondieron. Por ello, se pusieron en contacto, con la empresa que supuestamente había realizado el pedido y le señalaron que ésta no había realizado pedido alguno y desconocía todos los hechos, por ello, interpusieron una denuncia por estafa ante la Guardia Civil. De otra parte, ha testificado que conocía previamente a M.A.S.C. porque trabajó en otra empresa que él tiene.

Igualmente, ha testificado el repartidor de la empresa que distribuyó el género. En su declaración, ha señalado que siempre llamaba al teléfono que realizó el pedido para avisar de que iba a la nave industrial a hacer el porte, así como que A.C.O. era el que siempre estaba para recibir el género, junto a otra persona que manejaba la carretilla elevadora, y que era el acusado quien le firmaba los albaranes. Así, ha señalado que ante la "desconfianza" que le daba los garabatos que A.C.O. le hacía como firma en los primeros albaranes, pidió que en los siguientes pusiera, además, su nombre y su DNI.

"SE PRESENTÓ COMO REPRESENTANTE COMERCIAL"

Por otro lado, ha declarado la propietaria de la empresa de la que los acusados supuestamente se hicieron pasar por representantes, quien ha indicado que nunca ha pedido género a la otra empresa y que "ni siquiera la conocía", al tiempo que ha negado tener relación contractual alguna con los acusados, de los que sólo conoce a M.A.S.C. por ser cliente de un bar que tiene en Utrera. Además, ha señalado que no reconoce las facturas por ese pedido género y ha apuntado que en ella si bien tiene el NIF correctamente de su empresa, la sede social "no corresponde".

De igual modo, han declarado varios encargados de diferentes carnicerías de Utrera que reconocen que A.C.O. acudió a ellos presentándose como un representante comercial para venderles pollo, jamones y queso, y que les pidió y compró carne de pollo "al estar en un precio muy inferior al mercado". Así, han señalado que A.C.O. era el encargado de cobrar los pagos y de firmar los 'recibí', si bien un encargado de una carnicería, ha reconocido que A.C.O. en una ocasión le dijo que iba a venir más tarde "con su jefe" para cobrar una parte adeudada y que, en el momento de cobro, estaban A.C.O. así como M.A.S.C., quién "cobro la deuda desde el coche".

La Fiscalía y la acusación particular piden para los dos acusados como supuestos autores de un delito de estafa agravada unos cinco años de cárcel así como una indemnización de unos 75.000 euros de la que tendrán que responder solidariamente ambos.

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