El gobierno de la ciudad de Sevilla destaca la total “transparencia” de la actuación municipal que se ha desarrollado en el marco de las investigaciones coordinadas desde la Junta de Andalucía en el marco de la declaración de alerta sanitaria. En este sentido, el gobierno de la ciudad niega y desmiente las palabras y las acusaciones del portavoz del PP, Beltrán Pérez, producto de un “absoluto desconocimiento” agravado por el hecho de que fue el único portavoz que no aceptó el ofrecimiento del gobierno de mantener una reunión para que se le aclararan todas las circunstancias del papel municipal en la crisis alimentaria por listeria monocytogenes. En estos momentos hay expedientes abiertos por parte de Medio Ambiente, Urbanismo y el área de Consumo al margen de los procedimientos que determine la Junta de Andalucía en el marco de la declaración de la alerta sanitaria.
En este sentido, el gobierno aclara que hasta diciembre de 2015 no hay constancia en ningún registro municipal (ni Consumo, ni Urbanismo ni Medio Ambiente) de la existencia de esta empresa que de acuerdo con las informaciones difundidas en los últimos días pudo estar dada de alta desde 2013. En esa fecha, diciembre de 2015, la Consejería de Salud, previa revisión de su expediente, acuerda su incorporación al registro de establecimientos sanitarios, sin exigir en ningún momento que tuviera toda la documentación municipal en regla y sin que, de acuerdo con las informaciones difundidas por la Junta de Andalucía, esté acreditada su inclusión en el registro de industrias agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, preceptivo y obligatorio para ejercer esta actividad y que conlleva un régimen de inspecciones y controles distintos de los productos.
La notificación por parte de la Consejería de Salud de la aceptación e inclusión de Magrudis en el registro de establecimientos alimentarios es notificada al cuerpo de inspectores veterinarios del área de Consumo para que realicen las inspecciones y revisiones de acuerdo con la normativa. Estas se realizan en 2016 y en julio de 2017 cuando la funcionaria responsable de esta empresa acredita la implantación adecuada de su sistema de autocontrol y en consecuencia pasa a tener otro régimen de control y evaluación de acuerdo con las directrices europeas. En estos controles de los inspectores veterinarios únicamente se comprueban los parámetros e indicadores marcados por la Consejería de Salud.
Después de que el 14 de agosto Consumo paralizara la producción en la empresa, y el 19 de agosto hiciera lo propio con toda la actividad; el 23 de agosto ayuntamiento y Junta de Andalucía analizan un documento registrado por la empresa en la Consejería de Salud el 31 de julio en el que notifica la ampliación de las instalaciones. Este documento fue detectado por el Ayuntamiento en el marco de su inspección a Magrudis.
A partir de ahí se inicia la revisión de toda la documentación existente en el Ayuntamiento en relación con esta ampliación de la empresa. Se constata en ese momento que no existe licencia ni declaración responsable en la Gerencia de Urbanismo que abre un primer expediente y realiza una inspección a la empresa. En segundo lugar, se constata que esta ampliación no se comunicó al área de Consumo ni por parte de la empresa ni por parte de la Consejería de Salud.
En tercer lugar, se constató la existencia de una declaración responsable de calificación ambiental y de inicio de actividad registrada en diciembre de 2018 en el área de Medio Ambiente por parte de la empresa Magrudis. Se abre un expediente que el mismo día 28 de agosto deja sin efecto esta declaración abre dos líneas de actuación. Por un lado, se actúa en el marco de la legislación vigente contra el arquitecto que firma la Declaración Responsable por no ajustarse a la realidad con una sanción administrativa de 2.000 euros. Por otro lado, se decreta la clausura de la empresa Magrudis y se abre un procedimiento sancionador por un importe mínimo de 6.000 euros debido a una infracción en el artículo 134.1 de La Ley 7/2007 de Gestión de Calidad Ambiental de Andalucía y del artículo 84.2 b) de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades.
Estos expedientes se abren únicamente por las irregularidades en la formulación de la Declaración Responsable sin que tengan relación alguna con la alerta sanitaria. Del mismo modo, el día 30 de agosto se registra denuncia en la Fiscalía de Sevilla contra la empresa Magrudis por posible delito contra la salud pública.
El Ayuntamiento, tal y como ha informado durante todo este proceso, se puso a disposición de la comisión técnica que coordina las administraciones abriéndose en ese marco de trabajo conjunto la posibilidad de realizar una prueba con una empresa especializada del funcionamiento del horno. Esa prueba, tal y como se propuso en esta comisión, se contrata por vía de urgencia a una empresa externa y se ejecuta el pasado viernes.
Por último, el área de Medio Ambiente inició también el mismo 28 de agosto la revisión del expediente de la empresa Comercial Martínez León, cuya actividad se encontraba también suspendida por parte del área de Consumo por la distribución de carne mechada fabricada por Magrudis de acuerdo con los primeros indicios mal etiquetada. Medio Ambiente ha acordado en este sentido dejar sin efecto la licencia de actividad que tenía esta empresa concedida en 1998 según los registros que existen en el área de Medio Ambiente, decretar su clausura y abrir un expediente sancionador por un importe inicial de 6.000 euros.
La transparencia en toda esta gestión se ha constatado por la difusión de todos los avances detectados en la investigación que fueron puestos a disposición de los grupos municipales y de asociaciones como Facua en una ronda de reuniones a la que no asistió el portavoz del PP, Beltrán Pérez, así como en el acceso a la documentación que han tenido, entre otros, los representantes del Partido Popular que han podido comprobar hoy mismo todos los expedientes existentes en el área de Medio Ambiente. Del mismo modo, se le ha remitido la documentación requerida a la Junta de Andalucía.
