La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido al Ayuntamiento hispalense, socio único de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), que "sin más dilación", conteste los recursos de alzada promovidos en agosto de 2018 por 25 aspirantes al concurso oposición celebrado entonces por dicha sociedad municipal contra los resultados de aquel controvertido proceso selectivo.
En una resolución fechada el pasado 22 de enero y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu aborda una queja promovida en torno a las incidencias detectadas en el concurso oposición celebrado en el verano de 2018 por Tussam, para seleccionar a 200 personas para su entonces nueva bolsa de empleo.
La prueba teórica inicial de aquel proceso selectivo, encargado por Tussam a una empresa externa, estuvo marcada por la anulación de 20 preguntas tras ser detectado que 17 de ellas no se ceñían al temario y tres más eran erróneas, decidiendo el tribunal de la oposición descartarlas y validar la celebración del test aunque sin estas preguntas.
Igualmente, habrían pesado otras incidencias como el supuesto incumplimiento de la medida de solicitar la identificación acreditativa a cada uno de los más de mil aspirantes que concurrían a la prueba, según se denunciaba entonces.
HASTA 190 ALEGACIONES
De tal modo, el proceso selectivo fue objeto de 190 alegaciones por parte de los opositores, 233 de los cuales aprobaron las pruebas, mientras el sindicato CSIF promovió diferentes protestas en demanda de la repetición del concurso oposición, anunciando finalmente denuncias individuales y colectivas ante la Fiscalía para que fuesen investigadas las "irregularidades" detectadas en el proceso selectivo.
El alcalde, no obstante, explicaba que las 20 preguntas anuladas en el citado examen tipo test sólo constituían un 20 por ciento del total de la prueba, y sólo sería "obligatorio" repetirla si el número de preguntas anuladas alcanzase el 30 por ciento del total de preguntas del examen.
Pues bien, a partir de ahí, la citada queja está promovida por 25 opositores que concurrieron a este proceso selectivo por la "falta de respuesta" del Ayuntamiento hispalense, socio único de Tussam, a sus recursos de alzada interpuestos en agosto de 2018 contra el listado provisional de calificaciones de las pruebas teórica y psicotécnicas del grupo de selección externa, contra la bolsa parcial definitiva constituida merced a las mismas y contra los listados definitivos de aptos.
Según esta resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, ante dicha queja por la presunta "falta de respuesta" a estos recursos de alzada, la institución solicitó información al respecto al Ayuntamiento mediante dos escritos remitidos en mayo y julio de 2019 y "ante la persistencia de la falta de respuesta", en octubre de ese año dicha petición fue reiterada vía telefónica, "sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna".
La situación, según el departamento de Maeztu, refleja que "más de un año después de que se presentasen" los mencionados recursos de alzada por parte de los opositores, no consta que "se haya notificado a los interesados respuesta alguna", lo que implica un incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, según la cual "la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación".
Por eso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz pide al Ayuntamiento de Sevilla que "sin más dilación, proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta a los recursos presentados por las personas interesadas".
