El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha condenado a F.M.C., propietario de un establecimiento de óptica ubicado en dicha ciudad, a nueve meses de prisión por un delito de intrusismo tras una querella presentada por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa).

Así lo ha dado a conocer este martes la propia organización colegial en un comunicado en el que explica que decidió poner esta denuncia ante la reclamación recibida por un paciente al que el denunciado examinó la visión y le prescribió y vendió unas gafas graduadas, "sin la titulación universitaria necesaria para hacerlo".

Como consecuencia de ello, el paciente sufrió "fuertes dolores de cabeza" y se vio obligado a acudir a otro establecimiento sanitario de óptica para ser revisado de nuevo y adquirir unas nuevas, causándole "perjuicio económico y riesgos para su salud visual", según ha detallado la entidad colegial.

Ante esta reclamación, los servicios jurídicos del Coooa, después de investigar los hechos, se personaron como acusación particular presentando una querella en los juzgados de Sevilla por presunto delito de intrusismo, tipificado en el artículo 403 del Código Penal y que castiga a quien "ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España", quedando "probado" que el acusado realizó funciones de óptico-optometrista, "graduando la visión de clientes en establecimiento abierto al público, sin estar en posesión de la titulación requerida".

"LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO"

La presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, Blanca Fernández, ha afirmado tras conocer la sentencia que la misma "representa de nuevo un paso importante para nuestra profesión".

"La lucha contra el intrusismo en el campo de la óptica y la optometría es una de las prioridades de nuestro Colegio", según ha añadido antes de agregar que, "en una sociedad avanzada como la nuestra, no podemos tolerar que personas no cualificadas para ejercer nuestra profesión pongan en riesgo la salud de los pacientes por un simple interés económico".

Asimismo, Fernández ha afirmado que esta entidad colegial va a "potenciar el nuevo sistema de comunicación", tanto desde colegiados como desde ciudadanos, con el fin de que puedan denunciar estas prácticas delictivas de forma "segura y anónima", siendo el Colegio quien, tras la correspondiente investigación, ponga en marcha las "acciones legales oportunas".

"Aunque la denuncia de intrusismo es una labor que el Colegio viene desempeñando desde hace mucho tiempo, queremos intensificar nuestros esfuerzos en este sentido", ha afirmado la presidenta.

El intrusismo es un delito recogido en el artículo 403 del Código Penal, con el fin de proteger a la ciudadanía de aquellas personas que ejercen una actividad profesional para la que no están cualificados ni habilitados.

Defiende, tal como recoge la sentencia del Tribunal Supremo 324/19, "el interés colectivo de que ciertas profesiones solo las ejerzan aquellas personas que están debidamente capacitadas por la administración pública, en atención a la superior naturaleza de los bienes jurídicos que pueden quedar afectados como la vida, la integridad corporal, la libertad o la seguridad".

Según subrayan desde el Coooa, este es el caso de la figura del óptico-optometrista, una profesión de carácter sanitario, regulada por la Ley 44/2003 de Ordenación de profesiones sanitarias, y que requiere para su ejercicio estar en posesión de título universitario de diplomado o graduado en Óptica y Optometría.

El Coooa resalta que "seguirá trabajando para garantizar que nadie sin la titulación universitaria necesaria pueda ejercer la profesión de óptico-optometrista, con el fin de garantizar los derechos de los colegiados y la salud visual de la población". "No vamos a cejar en el empeño de que se respete nuestra profesión, una profesión sanitaria y de exigente cualificación", según ha concluido Blanca Fernández.