La Guardia Civil ha desarticulado una organización internacional dedicada al cobro de deudas a empresarios de España, Portugal y diversas partes de Europa mediante el uso de la violencia, amenazas y coacciones en una operación, denominada 'Explosiva-Juan' en la que han sido detenidas siete personas y que se ha desarrollado en Pontevedra, Badajoz, Madrid, Guadalajara y Cantabria.
Los agentes han intervenido un arma de fuego simulada, diverso material altamente sofisticado de vigilancia y seguimiento y más de una decena de matriculas falsificadas de varios países europeos. Tanto el cabecilla de la red como su lugarteniente han ingresado en prisión sin fianza.
La operación, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela y el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara. Las unidades orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y Guadalajara, junto a agentes de diversas especialidades, han sido las encargadas de llevar a cabo la operación.
La investigación se inició en agosto del pasado año a raíz de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil en las que las víctimas manifestaban estar sufriendo amenazas y extorsiones por parte de determinadas personas pertenecientes a una empresa dedicada al cobro de deudas contraídas por las víctimas con otras personas o empresas.
En las investigaciones la Guardia Civil constató la existencia de una organización que trabajaba para una empresa denominada 'Eurobulldog' (www.eurobuldog.es), dedicada al cobro de deudas, aplicando técnicas para "el cobro extrajudicial a nivel internacional", que operaba en España, Portugal y el resto de la Unión Europea, valiéndose de dos domicilios fiscales establecidos en las ciudades de Madrid y Lisboa.
Los agentes comprobaron que dicha web no estaba registrada como empresa mercantil y que no contaba con los mecanismos legales para el cobro de los servicios prestados ni para el pago de las obligaciones tributarias derivadas con la relación laboral que ofrecía en la página web, consiguiendo de esta forma obtener un beneficio económico. Dicha empresa, ha explicado la Guardia Civil, actuaba desde una vivienda situada en la provincia de Pontevedra.
Posteriormente, los agente de la Guardia Civil pudieron determinar que el cabecilla de la organización era el que presionaba a los deudores en compañía de uno de sus lugartenientes utilizando amenazas y violencia física.
Una vez localizados los miembros de la organización, los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento y control sobre ellos dando como resultado la detención de todos los integrantes de la red.
PEDÍAN UN PORCENTAJE DE LA DEUDA
La organización, ha detallado la Guardia Civil, ofrecía los servicios de su empresa a los clientes a través de una web desde donde los empresarios contactaban con el cabecilla. Una vez establecidos los contactos entre ambas partes el empresario proporcionaba los datos e información de la víctima, así como la cuantía económica a la que ascendía la deuda contraída.
Posteriormente, dependiendo de la cantidad de esta cuantía, dificultad, desplazamiento o medios a emplear para obtener el cobro, la red determinaba mediante la firma de un contrato falso, el porcentaje con el que se quedaba por la recuperación de la deuda o de lo contrario el empresario pasaría a formar parte de los morosos.
Para dar una apariencia legal a la empresa la organización se estructuraba en varios niveles. Para proceder al cobro de las deudas la organización contaba con los encargados en emplear violencia contra las víctimas y cometer extorsiones y amenazas. Normalmente personas de origen latinoamericano y de gran corpulencia (algunos de ellos dedicado al culturismo profesional).
Asimismo, la organización utilizaba vehículos de alquiler y sin rotular a los que cambiaban la matrícula original por una portuguesa para obstaculizar la labor policial.
TENTATIVA DE HOMICIDIO
Según ha detallado la Guardia Civil, una vez que la organización localizaba a los supuestos morosos realizaban visitas intimidatorias, amenazantes e insultantes a los domicilios de las victimas o a los familiares más cercanos y vulnerables.
A continuación, en las sucesivas visitas iban subiendo el grado de violencia, hasta tal punto que "una de sus visitas finalizó con una tentativa de homicidio de uno de los supuestos deudores".
