El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil en el que se define por primera vez el concepto de proyección civil como un "instrumento de la política de seguridad nacional" y como un "servicio público que protege a las personas y bienes".
Así se recoge en el texto aprobado por el Ejecutivo que añade que este mecanismo debe garantizar una "respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada".
El nuevo marco reforzará los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes y posibilitará el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea.
El anteproyecto, presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pretende afrontar de la manera "más rápida y eficaz" las situaciones de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.
El texto actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia, a la luz de la Ley 2/1985 de Protección Civil, teniendo en cuenta el desarrollo de esta por otras normas estatales, autonómicas y de la Unión Europea y de los compromisos asumidos por España en cooperación internacional, respetando en todo caso las competencias asumidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.
El anteproyecto consta de 49 artículos estructurados en seis títulos y especifica que el objeto de la ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como un "instrumento esencial" para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
COORDINACIÓN EFICAZ
De este modo, integrará la actuación de las administraciones públicas para garantizar una respuesta "coordinada y eficiente" mediante: la prevención de riesgos colectivos; la planificación de medios para afrontarlos; la intervención inmediata en caso de emergencia; el restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales; el seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico.
En cuanto a las fases del sistema, se estructuran las de anticipación; prevención de riesgos; planificación; respuesta inmediata; recuperación; y evaluación e inspección.
Por otro lado, el anteproyecto establece que los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal en materia de protección civil.
En concreto, indica que la Escuela Nacional de Protección Civil se encargará de entrenar y formar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas; desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de protección civil; colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea o de otras iniciativas europeas, e impartir la formación conducente a los títulos oficiales de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad relacionados con la protección civil, previa autorización de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social.
Asimismo, el anteproyecto de Ley enumera las competencias actuales en este ámbito del Gobierno, del Ministerio del Interior y de otros Departamentos, de los Delegados del Gobierno, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y de la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las acciones de protección civil, en los mismos términos que la legislación vigente.
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
En todo caso, el texto mantiene a la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía y de la administración local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La iniciativa incorpora un régimen sancionador completo en esta materia, con el listado de infracciones, que podrán ser muy graves, graves o leves, y las consiguientes sanciones, aunque mantiene sin variaciones la cuantía de las sanciones establecida en la ley de 1985. Estas son: de 30.001 a 600.000 euros para infracciones muy graves; de 1.501 a 30.000 euros para las infracciones graves y hasta 1.500 euros para las leves.
En cuanto al impacto económico general de las emergencias y catástrofes, el texto estima que asciende a unos 400 millones de euros, según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Finalmente, el ministro ha subrayado que España es un país que "no sufre comparativamente grandes pérdidas económicas por causa de las emergencias y catástrofes", algo que ha achacado a las políticas preventivas que se llevan a cabo desde hace "muchos años".
Finalmente, el Gobierno ha defendido que la gestión racional de los riesgos de emergencias y catástrofes que establece esta Ley contribuirá a la innovación permanente, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados.
