Andalucía se está preparando para “el peor escenario”. Solo queda agua para los próximos seis meses en zonas como la Axarquía o la Costa del Sol y un año en Málaga capital. Una situación “crítica”, ha reconocido la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a la que “queremos anticiparnos”. Dentro de la estrategia ‘Sequía Plus’, activada la semana pasada, la Junta prepara el transporte de agua en barco hasta Málaga y el Campo de Gibraltar.
Abrir el grifo y que salga agua puede ser una situación que se nos puede complicar muy pronto.El puerto malagueño ya se está preparando para adaptar sus instalaciones con tomas que recojan el agua transportado por los operadores. En la actualidad se revisan los ramales de conducción de agua que posibilitarían la llegada al puerto de Málaga de 100.000 metros cúbicos de agua bruta, que tendrían que pasar por la ETAP de El Atabal, o 40.000 metros cúbicos de agua viable, que se inyectarían directamente en el sistema. En Algeciras se creará otro punto para la recepción de embarcaciones con agua.
Es una opción a la que recurrir en un caso “extremo, si no recibimos ni una gota de agua”; mientras tanto, se están llevando a cabo actuaciones de emergencia, como la utilización de más aguas regeneradas o la activación de sondeos en desuso, porque los pantanos están en mínimos históricos. La Viñuela se encuentra al siete por ciento de su capacidad y la Concepción al 23 por ciento.
La provincia se está quedando “sin ventanas de oportunidad” ante un otoño e invierno sin apenas precipitaciones y con vistas a que queda por delante “un año más de sequía”, ha alertado la consejera. “Pedirle a los ciudadanos”, ha insistido, “que tengan en cuenta que el agua es un bien finito”: “Abrir el grifo y que salga agua puede ser una situación que se nos puede complicar muy pronto”.
Desde la Junta piden “auxilio” al Gobierno de España con nuevas ayudas que impulsen desaladoras en la provincia y la regeneración de aguas.
Acuerdo con la Diputación para nuevas medidas
La Junta y la Diputación de Málaga han firmado este lunes una “alianza” para luchar contra los efectos de la sequía e impulsar las infraestructuras hidráulicas, para garantizar la disponibilidad de agua si no llueve en los próximos meses. El documento suscrito pretende acelerar los proyectos y su tramitación, así como prestar auxilio técnico, administrativo y financiero a los ayuntamientos.
Mediante este acuerdo, una comisión técnica evaluará las obras necesarias para impulsar su ejecución. En la Costa del Sol, la desaladora de Marbella produce actualmente 6 hectómetros cúbicos de agua, y la Junta se marcó el objetivo de duplicar esta capacidad, unas obras que terminarán en primavera, “a pesar de que la desalación es competencia estatal”, ha apuntado. La consejera ha indicado que la Junta, la semana pasada, solicitó ayuda económica al Estado para que esta desaladora pueda alcanzar en el futuro los 20 hectómetros cúbicos: “Han quedado en contestarnos”.
Las desalobradoras serán claves para el aprovechamiento de recursos de los sondeos en desuso que se van a recuperar, como los de Guadalmansa y Fuengirola, con una desalinización alta, de los que se prevé obtener 4 hectómetros cúbicos en cada uno. El reto es poder contar con todas las actuaciones planeadas con 20 hectómetros cúbicos más para Málaga a corto plazo (verano) y para finales de 2024 o principios de 2024, con 50 hectómetros cúbicos adicionales.
Crespo ha resaltado la importancia de la conexión de todo el sistema, y ha recordado que actualmente se trasvasan 10 hectómetros cúbicos desde la capital malagueña a la Axarquía, por lo que “bienvenida sea cualquier actuación en cualquiera de los puntos”.
Esta es la primera de las alianzas que suscribe en Andalucía, pero tiene previsto invitar a otros presidentes de diputaciones, porque “en este momento tan dificultoso de sequía hay que unir esfuerzos entre todas las administraciones”. Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que todas las administraciones deben “arrimar el hombro más” y mejorar su coordinación para mejorar la seguridad hídrica porque es “un problema de Estado”.
