Y es que desde Túmbala aseguran que el Plan Especial redactado por el Ayuntamiento, y en base al cual se concedieron las licencias de obras, “vulneró al PGOU de 2006 al conceder la edificación de más de 40 plantas, cuando el Plan General no permite más de seis en esa zona de la ciudad”.
Irregularidades
El exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla y miembro de Túmbala, José García Tapial, explicó a Viva Sevilla que existe un informe emitido por la dirección general de Inspección de Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, fechado el 29 de junio de 2010 y a petición de la fiscalía de medio ambiente de Sevilla, en el que se reconocen “irregularidades en el Plan Especial y en la licencia”.
Según García Tapial, dicho informe señala que “el Plan Especial se extralimitó en sus competencias al conceder una edificabilidad superior a la establecida en el PGOU”.
“Existe constancia oficial de que la licencia es ilegal. Si el TSJA nos da la razón -el recurso de Túmbala se ha admitido a trámite y se está a la espera de una resolución- estaríamos ante un caso similar al de la Biblioteca del Prado”, señaló García Tapial.
“Además, -continuó- existe otro recurso interpuesto por una serie de particulares ante la Audiencia Provincial por lo que la licencia está sub judice y hasta que los tribunales no decidan, ésta no estará plenamente consolidada”.
Con dos procesos abiertos, en Túmbala sorprende la “actitud prepotente de Cajasol y su política de hechos consumados”, cuando lo lógico sería “que paralizaran las obras por prudencia hasta que los jueces decidan al respecto”.
Cifras abultadas
Respecto a la posible indemnización que el Consistorio tendría que pagar a Cajasol si el TSJA anula la licencia, Túmbala indica que serían 2,2 millones de euros por derribar las 10 plantas sobrantes en la actualidad y “no 200”.
“Están barajando estas cifras para asustar a la ciudadanía y al Ayuntamiento”, indicó el exdirector de Planificación, que también explicó que en el caso de que se llegue a un acuerdo y Cajasol deje la torre en 16 plantas, no se tendría que indemnizar a la financiera ya que “los metros perdidos en altura -en torno a 19.000- los podría compensar distribuyéndolos por el resto de los 41.ooo metros cuadrados de la parcela y “no cabría la posibilidad de que la promotora exigiera lucro cesante ante un tribunal”.
Otros datos:
Según Túmbala, el Consistorio tendría que pagar 223.000 euros por planta derribada a Cajasol, por lo que si el TSJA anulara la licencia, demoler las diez plantas sobrantes en la actualidad -va por la 16- le costaría al Ayuntamiento 2,2 millones.
Túmbala asegura que si se llega a un acuerdo y se deja el rascacielos con 16 plantas, el Consistorio no tendría que indemnizar a Cajasol, ya que los metros perdidos en altura podrían compensarse edificando en los 41.000 m2 restantes de la parcela.